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La concejal del Distrito 5, Teri Castillo, quiere usar los fondos del acuerdo de opioides de San Antonio para que Narcan sea más accesible

San Antonio City Hall
Joey Palacios
/
TPR
Ayuntamiento de San Antonio

Lee esta historia en inglés.

Una nueva solicitud de políticas públicas de San Antonio pide que los fondos para acabar con los opioides en la ciudad se usen para expandir los programas locales de reducción de daños y los esfuerzos de educación sobre la adicción a las drogas.

La concejal del Distrito 5, Teri Castillo, presentó una solicitud a consideración del consejo la semana pasada pidiendo a la ciudad que adopte una resolución que designe las sobredosis relacionadas con opioides como una crisis de salud pública.

También pidió establecer un plan presupuestario con estrategias de reducción de daños utilizando fondos para combatir los opioides; aumentar la disponibilidad de la comunidad y la capacitación en el uso de Narcan, un aerosol nasal de naloxona que se usa para revertir una sobredosis de opioides; y desarrollar y financiar programas patrocinados por la ciudad para embarazadas y madres adictas a los opioides.

“Asegurarnos de que haya un plan establecido con todas estas piezas en movimiento es lo que estamos buscando establecer a nivel local”, dijo Castillo.

Los funcionarios del condado de Bexar reportaron aproximadamente 246 muertes por sobredosis en 2021. El mismo año, la oficina del fiscal general de Texas reunió aproximadamente $4.4 millones de dólares en fondos de liquidación de opioides para la ciudad de San Antonio, que se pagarán durante los próximos 15 a 20 años. El dinero debe invertirse en la educación preventiva y los esfuerzos de reducción de daños.

En marzo, los comisionados del condado de Bexar aprobaron una política sobre cómo usar sus $14.4 millones de recursos que forman parte del acuerdo de opioides. Incluye financiamiento para programas de prevención, capacitación, divulgación e intervención y recuperación.

Ya existen programas locales que brindan Narcan a organizaciones. Por ejemplo, la Escuela de Enfermería de UT Health San Antonio suministra la subvención de Respuesta Específica a Opioides de Texas financiada por el estado.

Parte de la subvención cubre la distribución y capacitación gratuitas para la aplicación de Narcan a organizaciones e individuos en todo el estado. El costo de Narcan en una farmacia es de alrededor de $50 dólares por un kit con dos dosis.

La solicitud de política pública de Castillo se enfoca en organizaciones comunitarias más pequeñas sin fines de lucro. Una organización en Texas debe tener una orden permanente para distribuir naloxona. Según la ley de Texas, una vez que se establece una orden permanente, los empleados pueden distribuir y administrar naloxona a las personas que la deseen o la necesiten.

Muchas organizaciones sin fines de lucro y miembros de la comunidad no saben cómo navegar o establecer una orden permanente, explicó Castillo.

“Lo que escuchamos de los trabajadores comunitarios que interactúan con personas que luchan contra la adicción es el acceso a Narcan”, comentó Castillo. “Si bien hay excelentes colaboradores, a menudo no es tan accesible obtener esa gota de Narcan para que se comuniquen con los miembros de la comunidad. Entonces, esto amplía el acceso más allá de la unidad de salud integrada móvil, más allá del puñado de organizaciones que hacen este trabajo”.

La solicitud también busca apoyar a las personas embarazadas y a las madres que experimentan adicción a los opioides. El condado de Bexar tiene el mayor número de casos de exposición prenatal a las drogas en el estado.

“Lo que buscamos hacer es ampliar los servicios para brindarles a las madres la educación y los recursos necesarios para que puedan alejarse esencialmente del uso de opioides y que sepan cuáles recursos están disponibles para ellas”, expuso Castillo.

La solicitud de política recibió firmas de apoyo de los concejales Viagran, Rocha-Garcia, Cabello Havrda y Pelaez. Castillo dijo que hay muchas partes involucradas en la solicitud y que el primer paso es desarrollar un plan efectivo.

“Necesitamos establecer este plan sobre cómo avanzar y usar nuestros recursos de manera adecuada para asegurarnos de tener el mayor impacto y aliviar los problemas con los que están luchando los miembros de nuestra comunidad”, indicó Castillo.

La solicitud de política ahora espera la consideración del Comité de Gobernanza del Concejo Municipal. El consejo está actualmente en receso y se volverá a reunir en agosto.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom. 

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Sarah Hernandez is a health reporting intern for Texas Public Radio in collaboration with Texas Community Health News. Sarah grew up in San Antonio, Texas. She graduated from Texas State University in May with a degree in Journalism and a minor in Latino Studies. She spent three years working for The University Star, Texas State’s student-run newspaper, in roles such as life and arts reporter, life and arts editor and, most recently, managing editor.