La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó este jueves que el gobierno de Biden no violó la ley federal cuando puso fin a una política de inmigración de la era Trump que requiere que la mayoría de los solicitantes de asilo esperen en México para sus audiencias de inmigración.
El Protocolo de Protección al Migrante, también conocido como la política de “Permanecer en México”, requiere que la mayoría de los solicitantes de asilo esperen en ese país hasta sus audiencias en los tribunales de inmigración estadounidenses. Comenzó en California y se expandió a la frontera entre Texas y México a principios de 2019. Ha obligado a más de 70,000 migrantes a regresar a las ciudades fronterizas mexicanas, que según los defensores de los derechos de los inmigrantes están lidiando continuamente con altas tasas de violenta delincuencia.
La decisión supone un revés para el fiscal general de Texas, Ken Paxton, que presentó una demanda contra el gobierno de Biden cuando la Casa Blanca intentó dar de baja esa política en 2021. El estado de Missouri se unió a Texas en el litigio.
Los fiscales generales de los estados alegaron que la administración Biden no siguió el procedimiento adecuado cuando intentó poner fin al programa.
La decisión, redactada por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, con un resultado de 5 a 4, dice lo contrario.
"La rescisión del Protocolo de Protección al Migrante por parte del Gobierno no violó la sección 1225 de la [Ley de Inmigración y Ciudadanía], y los memorandos del 29 de octubre constituyeron una acción final de la agencia", dice la opinión.
Paxton dijo en un comunicado que estaba decepcionado con el fallo.
"La decisión de hoy de la Corte Suprema de los Estados Unidos es desafortunada y creo que se hizo de manera equivocada. Hace más de un año, Texas y Missouri demandaron a la Administración Biden por abandonar ilegalmente el Protocolo de Protección al Migrante. Gané en el tribunal de distrito y luego volví a ganar en la apelación. La Administración arrastró los pies y se negó a aplicar este eficaz programa de buena fe, permitiendo que cientos de miles de ilegales entraran en la frontera mes tras mes", dijo.
Sin embargo, el programa no terminará inmediatamente, ya que el caso será devuelto a un tribunal de distrito para una nueva revisión.
Paxton también prometió seguir luchando contra la administración Biden.
"La decisión de hoy empeora la crisis fronteriza. Pero no es el final", dijo. "Seguiré presionando y me centraré en asegurar la frontera y mantener nuestras comunidades seguras en la docena de otras demandas de inmigración que estoy litigando en los tribunales".
Los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes aplaudieron la decisión de la Corte Suprema y pidieron al gobierno de Biden que tome más medidas.
"Es una victoria agridulce, después de que se hayan perdido tantas vidas por las atroces políticas de disuasión de inmigración tanto a nivel federal como en el estado de Texas", dijo Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, con sede en El Paso. "Esta decisión debía haberse tomado hace mucho tiempo, y es chocante que la Corte Suprema haya esperado hasta hoy para determinar el peligro al que han sido sometidos los migrantes desde que Trump promulgó esta política mortal”.
García pidió al Congreso de Estados Unidos que apruebe una legislación para poner fin a la política del Título 42, una medida separada de la era Trump que permite a los agentes federales devolver rápidamente a los migrantes a México.
Incluso con el Protocolo de Protección al Migrante en vigencia, el número de migrantes hallados por los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en la frontera sur sigue subiendo a niveles casi récord. En mayo se produjeron unos 239,400 encuentros entre agentes federales y migrantes en la frontera suroeste, lo que supone un aumento del 2% respecto a abril, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Texas sigue registrando el mayor número de aprehensiones, especialmente en el Valle del Río Grande, donde se han producido más de 333,000 encuentros desde el inicio del año fiscal del gobierno federal en octubre, según las estadísticas de la CBP. Le sigue el sector de Del Río, donde ha habido más de 280,600 en el mismo periodo de tiempo.
La decisión se produce la misma semana en que las autoridades descubrieron varias docenas de migrantes fallecidos en la parte trasera de un remolque de camión en San Antonio. Al menos 53 personas murieron en esa tragedia.
La sentencia también marca la segunda vez este mes que el alto tribunal de la nación falla en contra de los estados republicanos en materia de inmigración. A principios de este mes, el tribunal desestimó un intento de varios estados, entre ellos Arizona y Texas, de defender una norma de inmigración de la era Trump que pretendía negar la residencia legal a ciertos inmigrantes que usaran beneficios públicos.