Texas ha sido declarado culpable de desacato por un juez federal en la larga batalla del estado por su sistema de bienestar infantil.
La entidad se verá obligada a pagar 100,000 dólares al día en multas hasta que vuelva a cumplir con dos órdenes judiciales relacionadas con investigaciones en sitios para niños de hogar temporal con discapacidades intelectuales que están bajo tutela permanente del estado.
Es la segunda vez que la jueza de distrito estadounidense Janis Jack impone multas contra Texas desde que comenzó el litigio de crianza hace más de una docena de años.
En una orden de 423 páginas presentada el lunes por la tarde, Jack dijo que el estado no protegió a los menores en las instalaciones que la unidad de Investigaciones de Proveedores de la Comisión de Salud y Servicios Humanos estaba encargada de investigar.
Hasta el lunes por la tarde, la HHSC todavía estaba revisando la orden.
En una declaración, Paul Yetter, el abogado de los demandantes, afirmó que “[p]or tercera vez, el estado de Texas ha sido declarado en desacato por administrar un sistema de hogares sustitutos inseguro. El fallo del juez es mesurado pero urgente, dadas las impactantes pruebas. Niños inocentes sufren todos los días. Luego de tantos años, ¿cuándo es que los líderes estatales tomarán en serio la tarea de solucionar este desastre?
Una audiencia por desacato de tres días en diciembre mostró que las acusaciones de abuso y negligencia a niños no fueron atendidas en centros para personas con discapacidad intelectual y las investigaciones se llevaron a cabo de manera deficiente.
En una ubicación llamada C3 Christian Academy, la propietaria Teresa Evans admitió durante la audiencia por desacato que a menudo no se denunciaban las acusaciones de abuso al estado. Dijo que “no todas las acusaciones justifican una investigación.”
Una chica, conocido como Niña C, en el centro estuvo involucrado en reclamos de abuso y negligencia 12 veces en un solo año. El personal nunca llamó a Statewide Intake, según el documento judicial, como lo exige la ley. La niña, que ya había sufrido un trauma extremo en su vida, fue abandonada en el centro.
Mientras estuvo allí, un miembro del personal supuestamente disparó a la niña mientras estaba en la cama, ella se escapó dos veces, intentó estrangularse dos veces, fue golpeada y encerrada en una habitación durante la noche con otro residente mientras el personal se marchaba.
Una vez, la niña fue llevada a una sala de emergencias con la mandíbula rota.
C3 Christian Academy se cerró en 2023 debido a las violaciones que ahí se dieron.
Cuando se revisó el caso, los supervisores del tribunal encontraron que los investigadores de PI cometieron "errores críticos": en ocasiones optaron por no ver a la niña en persona y otras veces no se adaptaron a la necesidad del lenguaje de señas para comunicarse.
Los problemas, argumentaron los demandantes, surgieron de la expansión masiva del trabajo de Investigaciones de Proveedores después de que pasó a depender de la HHSC en 2015. La expansión dejó al departamento constantemente sin personal suficiente y con retraso en sus labores. Pasaron meses antes de que se iniciara una investigación. Los demandantes calificaron el trabajo de la unidad como un "fallo crónico".
El estado violó las Órdenes de Remediación 3 y 10, según el documento judicial. Ambos se ocupan de la ejecución y finalización oportuna de las investigaciones.
La HHSC y el Departamento de Servicios Familiares y de Protección supervisan el sistema de bienestar infantil en Texas. La orden del lunes evitó castigar al estado por una serie de cuestiones graves, incluido lo que los demandantes llamaron el uso excesivo de drogas psicotrópicas, la carga de casos de los trabajadores sociales del DFPS y la crisis de colocación del estado, que resultó en que cientos de niños de hogares sustitutos cada mes fueran alojados en hoteles.
Esas cuestiones podrían revisarse en junio, según el documento judicial.
Muchos esperaban que cualquier orden de desacato, si llegaba, incluiría al DFPS, pero el tribunal federal puede haber optado por un fallo más limitado para evitar un equipo de litigio estatal más agresivo.
Texas contrató abogados costosos en Gibson Dunn & Crutcher con profundos vínculos con el conservador Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito. El equipo, dirigido por Allyson Ho, argumentó en la audiencia por desacato que el estado había logrado grandes avances en el trato a los niños de hogares sustitutos.
James C Ho, el marido de Allyson, forma parte del 5º Circuito.
El equipo de Ho le pidió a Jack que liberara al estado de una serie de órdenes judiciales, argumentando que estaban en "cumplimiento sustancial."
El juez calificó la presentación como una “arrogancia" en una audiencia de febrero.
La orden puede ser una forma de proteger la supervisión continua de los departamentos como un desafío del Quinto Circuito.
Las multas contra la HHSC continuarán hasta que el estado certifique que ha cumplido con todas las investigaciones de proveedores que involucran a la clase protegida de hogares sustitutos, que incluye a niños en lo que se llama tutela administrativa permanente, lo que significa que el estado es su tutor legal permanente.
Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.
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