Grupos de derechos civiles con sede en Texas presentaron el martes una demanda para frenar una ley de control de inmigración que convertiría el ingreso no autorizado en un delito estatal.
La demanda de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Texas y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas para detener el Proyecto de Ley Senatorial 4 se produce apenas un día después de que el gobernador Greg Abbott llevó a cabo una ceremonia de firma del proyecto de ley en Brownsville promocionando la respuesta del estado a lo que él llamó inacción federal ante la seguridad en la frontera.
La legislación convierte el ingreso no autorizado en un delito menor por una primera infracción, y las penas aumentan a un delito grave en caso de infracciones posteriores. El proyecto de ley también permite que un juez o magistrado local ordene el retorno de una persona a México, independientemente de su nacionalidad.
La demanda fue presentada en un tribunal federal de Austin en nombre del condado de El Paso, el Centro de Defensa de Inmigrantes de Las Américas, con sede en El Paso, y American Gateways, que tiene oficinas en Austin, San Antonio y Waco. Nombra al director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steve McCraw, y al fiscal de distrito del condado de El Paso, Bill Hicks, como acusados.
"Estamos demandando para bloquear uno de los proyectos de ley antiinmigrantes más extremos del país", dijo en un comunicado Adriana Piñon, directora legal de la ACLU en Texas. “El proyecto de ley anula los principios constitucionales fundamentales y desacata la ley federal de inmigración al tiempo que perjudica a los texanos, en particular a las comunidades de color y afroamericana. Una y otra vez, los funcionarios electos en Texas han ignorado a sus electores y han optado en su lugar por la retórica supremacista blanca y el encarcelamiento masivo”.
La demanda era esperada ya que los opositores al proyecto de ley han argumentado durante todo el año que la aplicación de la ley de inmigración es responsabilidad exclusiva del gobierno federal.
“La SB 4 crea un nuevo sistema estatal para regular la inmigración que evita por completo el sistema federal y entra en conflicto con él. Permite a los funcionarios estatales arrestar, detener y expulsar a personas de los Estados Unidos”, afirma el documento. “[Exige] la expulsión de aquellos que son condenados por los nuevos delitos estatales de entrada y reingreso ilegal, todo ello sin ninguna participación de los funcionarios federales”.
Abbott admitió el lunes que la ley será impugnada, pero señaló que pensaba que sobrevivirá. De lo contrario, añadió, espera con ansias un enfrentamiento en la Corte Suprema de los Estados Unidos.
"Creemos que Texas ya tenía la autoridad constitucional para hacer esto", indicó.
El martes por la tarde mantuvo su creencia de que los tribunales apoyarán a Texas.
"El presidente Biden se ha negado repetidamente a hacer cumplir las leyes federales de inmigración que ya están vigentes y a hacer su trabajo para asegurar la frontera", manifestó en un comunicado. "En su ausencia, Texas tiene la autoridad constitucional para asegurar nuestra frontera a través de leyes históricas como la SB 4. Texas llevará esta lucha hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos si es necesario para proteger a los texanos de las peligrosas políticas de fronteras abiertas del presidente Biden".
Si llega al tribunal superior, la atención probablemente se centrará en si los jueces revisarán una decisión de 2012 en un caso de Arizona que confirmó la autoridad del gobierno federal en cuestiones de inmigración. Aunque el año pasado el tribunal conservador anuló Roe v. Wade, la histórica decisión de la década de 1970 que concedía a una persona el derecho a abortar, los expertos legales argumentan que la inmigración es un tema aparte.
Si bien el aborto, el control de armas y la atención médica son áreas que los estados pueden controlar, la inmigración está en una categoría diferente porque también implica comunicación con gobiernos extranjeros, explicó el mes pasado el abogado de la ACLU de Texas, David Donatti, a The Texas Newsroom.
"El estado de Texas puede aprobar sus propias leyes sobre la comercialización de productos de tabaco, por ejemplo, sobre cómo regular Medicaid, sobre las leyes de tránsito", planteó. “Los controles de inmigración y la deportación están absolutamente fuera de esa ventana de lo que los estados suelen ser libres de legislar”.
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Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.
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