No mucho después de que una serie de agentes de policía de San Antonio fueran baleados (cinco en dos semanas) y el jefe de policía de San Antonio, William McManus, señalara con el dedo al fiscal de distrito Joe Gonzales y a lo que llamó una fianza indulgente, el juez del condado Peter Sakai, con la esperanza de calmar la añeja polémica contactó al veterano juez de distrito penal Ron Rangel.
Le pidió que echara un vistazo al sistema de seguridad pública y diera su opinión sobre si había algo de verdad en las afirmaciones y cómo podría mejorar el sistema. La respuesta que llegó a finales del mes pasado fue una larga lista de mejoras, así como un rotundo rechazo a las declaraciones improvisadas de McManus.
“Quiero enfatizar que algunos han caracterizado erróneamente esta cuestión como una 'cuestión de fianza'. No lo es”, escribe en la carta a Sakai sin mencionar siquiera a McManus.
Los últimos cinco a siete años de fianzas no se han reducido como sostiene el jefe, se han mantenido estables para los delincuentes violentos, afirmó.
El análisis de Rangel abarca seis páginas de observaciones de largo alcance, recopiladas del poder judicial, la oficina del fiscal del distrito, magistrados, la comunidad de defensa criminal, el secretario de distrito del condado de Bexar y activistas de la comunidad.
La carta puede leerse aquí, pero presentamos cinco de las sugerencias más interesantes de lo que se autodescribe como un análisis holístico.
1. Los jueces de primera instancia de la ciudad no deberían participar en el proceso de detención
Dos viñetas de la carta se refieren a llevar a los arrestados directamente al Anexo de Evaluación de Admisión de Justicia (JIAA son sus siglas en inglés) y ante los magistrados del condado. Esto es importante porque actualmente los agentes del SAPD, es decir, la policía de la ciudad, a menudo transportan a los arrestados a los jueces de la ciudad para su magistración, que es el proceso de audiencia preliminar por un delito.
El problema es que los jueces del condado se ocupan de infracciones de delitos menores y graves. Los jueces de la ciudad no están legalmente autorizados a magistrarlos. Esto llevó a que las personas fueran juzgadas dos veces. Dicho proceso confunde a los abogados detenidos y a los defensores.
"Es un trato bastante extraño", dijo John Rightmyer, miembro de la Asociación de Abogados de Defensa Penal de San Antonio, cuando se le preguntó a principios de este año. "Como ocurre con la mayoría de las cosas aquí, parece haber muchas preguntas que deben responderse, pero nadie que toma decisiones está dispuesto a preguntar".
Por ahora los arrestados todavía son llevados ante los magistrados de la ciudad, pero esos jueces no toman una decisión; luego son enviados al condado. Muchos se han quejado de que el sistema actual es una pérdida de tiempo y dinero.
La carta sugiere que se podrían ahorrar hasta seis horas del proceso de arresto si fueran directamente a la JIAA.
2. El fiscal de distrito necesita contratar buenos abogados y seguir abordando el rezago en las acusaciones
Mucho se ha escrito sobre la incapacidad de Joe Gonzales para mantener un personal. Varios abogados experimentados se han marchado y él ha argumentado que los salarios para atraer nuevos abogados son demasiado bajos. El condado le dio fondos adicionales y ha aumentado sus esfuerzos de reclutamiento. La carta señala que el retraso que queda como resultado de la salida de personas sólo ha exacerbado un organismo lleno de casos previos a la acusación. La carta describe los esfuerzos de reclutamiento del fiscal de distrito, así como su reasignación de abogados para que los casos sean procesados, de modo que los delincuentes no sean liberados.
“La medida estratégica ha resultado en un aumento notable en el número de acusaciones presentadas en las últimas semanas”, afirmó Rangel en el documento.
Esta reasignación temporal se convirtió en un elemento permanente. El juez y los comisionados del condado acordaron formar el Equipo de admisión de alto riesgo, lo que permitió al fiscal del distrito redistribuir fondos de los puestos vacantes. La medida se anunció en un comunicado de prensa poco después de la carta.
3. Partes del sistema no mantienen el ritmo
Además de las dificultades del fiscal para mantener al personal, la detención de adultos del condado de Bexar también ha sido objeto de escrutinio por parte de los medios. Pero varios departamentos parecen necesitar más personal o personal ajustado para cumplir con lo que implica la carta. El Laboratorio Criminalístico del Condado de Bexar se ha demorado en hacer llegar resultados de laboratorio vitales a abogados e investigadores y, en ocasiones, ha causado que se abandonen casos fuera del condado.
El proveedor privado del sistema de monitoreo de tobillo GPS del condado no trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana y las infracciones se realizan en un fin de semana, lo que significa que a veces las infracciones penales no reciben respuesta durante días. Esto puede ser un peligro para las víctimas y las comunidades.
4. Se necesitan actualizaciones tecnológicas
Desde el ingreso hasta la cárcel, pasando por el fiscal del distrito y el SAPD, las tecnologías incongruentes, la falta de tecnología y los procesos obsoletos no están preparados para los desafíos actuales.
Las plataformas tecnológicas que utilizan la oficina del fiscal del distrito y el SAPD no funcionan juntas, lo que hace difícil, si no imposible, compartir datos y pruebas de manera oportuna. Esto se suma a los problemas ya documentados relacionados con el intercambio de evidencia.
Para la JIAA y la cárcel es la falta de tecnología lo que ha obstaculizado los esfuerzos.
"El proceso basado en papel que se utiliza actualmente para registrar a los detenidos crea problemas continuos, como la pérdida de documentos físicos", se lee en la carta.
En ocasiones, las órdenes judiciales también se han perdido en el procesamiento de los reclusos en la cárcel. TPR documentó a un hombre que estuvo en la cárcel del condado de Bexar durante cinco meses más después de que el tribunal ordenara su liberación.
5. Se han tenido éxitos
La carta tiene una larga lista de éxitos a lo largo del camino. Los tribunales y el fiscal del distrito han reducido drásticamente los retrasos por COVID-19 resultantes de meses de tribunales cerrados. El SAPD y la oficina del fiscal del distrito han arreglado sus diferencias desde la disputa pública. Se están introduciendo más soluciones de informes policiales y pruebas digitales.
La carta hace todo lo posible para descartar cualquier afirmación de que un departamento sea el culpable de los disparos de cinco policías y, en cambio, opta por centrarse en el sistema y sus componentes. Queda por ver si los miembros de algunos de esos componentes aceptarán o no su mensaje.
Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.
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