Refugee Services of Texas, la agencia de reasentamiento más grande del estado, está cerrando después de 45 años. RST hizo el anuncio el viernes al citar su incapacidad para recaudar suficiente dinero para permanecer en operación.
La noticia llega cuando funcionarios federales que supervisan el Programa de Admisión de Refugiados de EE. UU. dicen que están esperando los resultados de un informe de auditoría independiente de las prácticas financieras y de gestión de los Servicios de Refugiados de Texas. A principios de este mes, RST anunció que cerraría sus oficinas de Fort Worth y Houston e implementaría un “plan de reestructuración de emergencia” debido a un grave déficit presupuestario.
Un funcionario del Departamento de Estado le confirmó a KERA que están "supervisando la situación de cerca" después de que RST anunció su gran crisis presupuestaria que obligó el cierre de las oficinas, recortar personal y no aceptar nuevos refugiados.
Mientras tanto, varias organizaciones responsables de suministrar dólares federales a las agencias de reasentamiento señalaron que decidieron terminar su asociación con RST. Una de esas organizaciones, Church World Service, le afirmó a KERA que descubrió que los problemas presupuestarios de la agencia de reasentamiento estaban afectando su capacidad para brindar servicios a sus clientes.
Mary Elizabeth Margolis, directora sénior de comunicaciones de Church World Service, le explicó a KERA en un correo electrónico que su organización había realizado su propia auditoría y monitoreo de RST.
“Después de los informes de preocupaciones iniciales sobre la salud financiera de Refugee Services of Texas, CWS realizó un monitoreo en el sitio de los programas en Dallas, Amarillo y San Antonio, incluidas auditorías financieras, revisiones de archivos de casos y entrevistas con clientes y personal”, escribió Margolis. “Este monitoreo encontró que Refugee Services of Texas enfrentaba déficits presupuestarios que afectaban el cumplimiento y la prestación de servicios”.
Margolis también expuso en ese momento que en CWS había desánimo por los cierres de oficinas de Fort Worth y Houston.
“RST ha sido un socio de larga trayectoria con CWS y el principal proveedor de servicios para refugiados y otras poblaciones de inmigrantes en el estado durante muchos años”, anotó Margolis. “Estamos haciendo todo lo posible para apoyar una transición sin problemas para los clientes de RST, trabajando en colaboración con socios locales, incluido el estado y otras agencias de reasentamiento”.
Este último desarrollo afecta las oficinas restantes de RST en Amarillo, Austin, Dallas y San Antonio. En un comunicado, RST puntualizó que sus oficinas en Dallas y Amarillo ahora serán administradas por Church World Service. Su oficina de Austin será supervisada por los Ministerios Episcopales de Migración y otras agencias de reasentamiento en San Antonio se harán cargo de los refugiados de RST allí. El programa de trata de personas de RST, que cuenta con empleados en Austin, Harlingen y Houston, será clausurado de forma permanente.
Preguntas financieras
Esta no es la primera vez que surgen preguntas sobre las finanzas de RST. Hace tres años, una auditoría federal analizó cómo la agencia gastó y contabilizó $2.7 millones de dólares en subvenciones que recibió para su programa de Servicios Integrales para Víctimas de la Trata de Personas. La auditoría abarcó un período de cinco años desde septiembre de 2014 hasta agosto de 2019.
En su informe, la Oficina del Inspector General identificó una serie de preocupaciones que incluyen:
- Un total de “$24,969 en gastos no permitidos relacionados con costos de personal no autorizado, servicios de contratistas y consultores, costos de viaje, servicios de trituración y otros costos directos”.
- Un total de “$275,365 en gastos no respaldados relacionados con costos de personal, servicios de contratistas y consultores, otros costos directos y costos equivalentes”.
- “Los informes de progreso eran inexactos o no estaban respaldados, los informes financieros eran inexactos, RST no cumplía con una condición especial de la adjudicación” y que “RST no tenía una metodología confiable y documentada para asignar costos entre adjudicaciones antes de octubre de 2018”.
La Oficina del Inspector General hizo 10 recomendaciones a la Oficina de Programas de Justicia, que es la oficina que otorgó a RST cuatro acuerdos de cooperación por un total de más de $2.7 millones de dólares.
RST respondió a la auditoría en una carta detallada que aborda las inquietudes y recomendaciones de la auditoría. En la carta, la agencia describió las mejoras que haría, incluido el fortalecimiento de sus políticas y procedimientos escritos. La agencia también cuestionó algunos de los hallazgos de la auditoría, proporcionó explicaciones y agregó que proporcionaría documentación adicional.
KERA se comunicó con la Oficina de Asuntos de Medios del Departamento de Justicia para averiguar si los problemas descritos en las auditorías se resolvieron, pero aún no ha recibido respuesta.
Un plan de emergencia
A principios de este mes, cuando RST anunció su plan de emergencia, señaló que la agencia había reubicado a un número récord de 4,700 refugiados durante los últimos 18 meses y que los gastos habían superado sus expectativas. Para satisfacer esas necesidades, RST añadió que tuvo que reducir severamente sus reservas financieras.
Además del cierre de oficinas en Fort Worth y Houston, subrayó que planeaba reducir su fuerza laboral en un 45 por ciento y detener la llegada de nuevos refugiados durante 120 días.
KERA ha escuchado de fuentes que han planteado preguntas sobre cómo las finanzas de RST llegaron a este punto. KERA contactó a un experto para explicar cómo se otorgan los dólares federales.
El Programa de Admisión de Refugiados de EE. UU., conocido como Recepción y Colocación, proporciona fondos (2,375 dólares por cada refugiado) a las agencias de reasentamiento para administrar el programa y para ayudar con costos como el alquiler, el mobiliario, la comida y la ropa. Pero aquellos que trabajan en la comunidad de reasentamiento argumentan que es una asociación público-privada y que una agencia también debe obtener fondos complementarios a través de donaciones y recaudación de fondos.
CWS, que rescindió su acuerdo de subcontrato con RST, era responsable de administrar los fondos federales a la agencia para su Programa de Recepción y Colocación, así como los servicios para menores no acompañados en Dallas y Austin.
Margolis comentó que su organización trabaja con RST para cerrar casos y “garantizar que todos los clientes atendidos a través de estos programas continúen recibiendo los servicios para los que son elegibles y el apoyo que necesitan durante este tiempo de transición”.
Ella aclaró que CWS monitorea rutinariamente a todos sus proveedores locales y requiere una auditoría financiera anual de sus sub-beneficiarios.
El Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados apuntó que también había terminado su asociación con RST.
En una declaración a KERA, el grupo describió: “Somos conscientes de los desafíos actuales que enfrenta Refugee Services Texas. El bienestar de las personas es nuestra máxima prioridad. Después de una revisión exhaustiva, hemos terminado nuestra relación con RST y hemos hecho la transición de todos nuestros clientes a nuevos socios. Participamos activamente para garantizar que se satisfagan todas las necesidades pendientes y garantizar el cumplimiento de todas las reglamentaciones que cubran los programas gubernamentales aplicables”.
Los funcionarios federales y otras agencias de reasentamiento han señalado que la retirada de Estados Unidos de Afganistán y la gran cantidad de llegadas de afganos han desafiado a las agencias de reasentamiento, que estaban en proceso de reconstrucción después de los recortes durante la administración anterior. Más de 76,000 afganos fueron evacuados de Afganistán cuando el ejército estadounidense se retiró del país.
“El acelerado ritmo de llegadas en los últimos dos años, incluida la necesidad de movilizarse rápidamente para dar la bienvenida a los evacuados afganos, ha sido un desafío difícil para las agencias de reasentamiento y sus socios locales, incluido RST”. Margolis dijo. “Estos programas financiados por el gobierno federal operan sobre en base al reembolso de costos, lo que requiere una gestión cuidadosa del flujo de efectivo para su manejo”.
Jeff Demers, Coordinador Estatal de Refugiados en la Oficina para Refugiados de Texas, puntualizó que su oficina y RST acordaron mutuamente rescindir el resto de su acuerdo de subvención. También dijo que TXOR estaba reasignando archivos de clientes de cada una de las seis ubicaciones de RST a otros socios comunitarios en todo el estado.
“Nuestra principal prioridad sigue siendo servir a los clientes sin problemas durante este proceso. Con ese fin, estamos preparados para ayudar con todas las soluciones posibles”, concluyó Demers.
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Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.
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