Texas ha cuestionado los costos de un programa de monitoreo designado por un tribunal federal que ha expuesto regularmente los peligros para los jóvenes bajo su cuidado. El desafío de esta semana, junto con la falta de pago de un grupo de monitores y las objeciones que los abogados estatales plantearon en abril sobre el alcance de la autoridad de la corte, señaló una nueva postura "desafiante" en la saga de 12 años del litigio del estado respecto a hogares sustitutos.
Los tribunales de apelaciones y de distrito federal determinaron que el estado había violado los derechos civiles de los jóvenes bajo su cuidado al no protegerlos del abuso y la negligencia. Menos de 10,000 chicos bajo el cuidado del estado estaban sujetos a la demanda, bajo lo que se llama tutela permanente. Los monitores, Deborah Fowler de Texas Appleseed y Kevin Ryan de Public Catalyst, han rastreado el sistema desde 2019, pero regularmente se topan con más problemas.
Se estima que el estado gastará $46 millones de dólares en monitoreo desde que comenzó a fines de 2019 hasta este año. El costo es regularmente el foco de las quejas de legisladores Republicanos.
“Los honorarios de estos monitores deberían ir para los niños. Y en mi opinión [los monitores] están sirviendo a los niños mucho mejor que ustedes”, dijo la jueza Janis Jack, quien ha supervisado la demanda durante 12 años.
Según los abogados estatales, mismos que representan a los dos organismos que componen el sistema de bienestar infantil, el Departamento de Servicios Familiares y de Protección (DFPS son sus siglas en inglés) y la Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC son sus siglas en inglés), las facturas proporcionadas por los supervisores judiciales eran demasiado vagas y los costos han aumentado. .
“Las órdenes correctivas en sí mismas no han cambiado desde que se implementaron y, sin embargo, las facturas de los monitores continúan aumentando con el tiempo”, destacó Karl Neudorfer, fiscal general adjunto que representa al DFPS en este caso.
Las facturas de abril ascendieron a $ 1.7 millones de dólares, casi 20% más que en abril del año pasado. Neudorfer aseguró al tribunal que se les pagaría a los monitores
Los monitores explicaron que el aumento en los costos se debió a las visitas en persona al sitio que comenzaron después de que la pandemia empezó a disminuir, entonces encontraron una cantidad de nuevos problemas sistémicos y hubo fallas continuas y generalizadas para mejorar los problemas identificados, especialmente las investigaciones.
Las denuncias de abuso y negligencia se han descartado en ocasiones, a pesar de haber sido presenciadas por el personal de vigilancia.
“Tuvimos que ampliar la cantidad de investigaciones que estábamos revisando porque los problemas eran muy importantes, incluida la cita errónea de Deborah y mía en las investigaciones”, agregó Ryan.
Jack vio las objeciones y la falta de pago como un esfuerzo mayor para socavar la credibilidad del monitoreo, calificó las objeciones de "frívolas" y señaló que en el pasado se habían dictaminado objeciones idénticas. Ella leyó fallos anteriores en el registro.
“No están supervisando a los monitores. Yo estoy supervisando a los monitores. No vuelvan a hacer esto”, advirtió Jack.
La indignación palpable en las audiencias, que se prolongaron durante varias horas, se redujo a una recitación de instancias en las que el estado le había fallado a los menores, fallas documentadas por el monitor que proporcionaron nueva información al estado, mostrando el valor de los años de trabajo y las revelaciones que el programa había proporcionado.
Así se observaron muertes de niños, casos de abuso y fallas en los hogares grupales. Los informes han detallado problemas continuos con niños sin colocaciones o CWOP que residen en colocaciones no reguladas que ponen en peligro a cientos de jóvenes.
“Este es un ejercicio notablemente derrochador por el que estamos pasando. Y esa es la ironía de esto, las investigaciones del estado sobre las facturas en realidad han causado que los contribuyentes paguen más”, señaló Paul Yetter, uno de los abogados que representa a los jóvenes en hogares temporales.
Dijo que el estado nunca había cuestionado ningún hecho de los informes de los monitores y que en el pasado había elogiado dichos reportes.
“Nos parece que fue una reacción a otra revelación con respecto al informe más reciente de los monitores de que quieren sobrecargar de alguna manera al personal del monitor y arruinar los trabajos”, indicó Yetter.
En abril, los monitores de la corte hicieron cuestionamientos preocupantes sobre la cantidad de jóvenes bajo el cuidado del estado que toman múltiples drogas psicotrópicas y cómo se administran, recetan y revisan esas sustancias. Al visitar 14 hogares grupales, los monitores encontraron numerosos errores en los registros y la administración de medicamentos. El estado, sin plantear críticas fácticas al informe, se opuso a la investigación en sí, diciendo que estaba más allá de lo que el tribunal podía cubrir.
Jack los desengaño en cuanto a esa postura en la audiencia de abril y en un lunes, citando el expediente judicial sobre lo que le da ese poder. El quid de su argumento tenía que ver con la seguridad de los niños y, en ocasiones leyó las propias pautas del estado sobre lo que constituía abuso médico y negligencia en el expediente.
En los momentos finales de la audiencia, Yetter lanzó otra posible revelación explosiva sobre cómo el estado revisa las recetas de drogas psicotrópicas que se les suministran a los niños bajo su tutela.
El estado no respondió a la solicitud de comentarios de TPR.
Dijo que su equipo encontró que el 93% de todos los jóvenes referidos para una Revisión de Utilización de Medicamentos Psicotrópicos (PMUR son sus siglas en inglés) son descartados, lo que significa que un director de la compañía que Texas contrata para el trabajo no los envía a un médico. La implicación fue que la compañía actuó como un sello de goma para las recetas psicotrópicas, lo que podría poner en peligro a los niños. El tema se planteó inicialmente el mes pasado en un informe que vio al 47% de los jóvenes bajo cuidado utilizando de entre cuatro o más drogas psicotrópicas pero sin registro de la PMUR.
“Una vez más, el estado parece estar 'descartando' los informes de posibles abusos graves”, precisó Yetter en un comunicado. “Barrer miles de informes debajo de la alfombra es peligroso e incorrecto”.
Los abogados de los jóvenes de Texas solicitaron a la PMUR para todos los niños elegibles en cuidado de crianza de Texas. También planearon pedirle al juez que evalúe las multas por desacato por el problema de los medicamentos, por el hecho de que el estado continúa alojando a los jóvenes en lugares sin licencia y por no informar adecuadamente a los niños sobre sus derechos.
Si el estado continúa con una postura más combativa, apelando multas por desacato, el caso podría estar en camino a otra ronda en la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito.
Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.
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