Los centros de crisis por violación sexual en Texas se están enfrentando a grandes desafíos tras la prohibición casi total del aborto en el estado después de la anulación de la decisión Roe v. Wade.
Las leyes que han entrado en vigor en el estado con relación al aborto, incluyendo el Proyecto de Ley del Senado 8 y La "ley gatillo" o “trigger law”, no hacen excepción a la prohibición del procedimiento en casos de violación o incesto.
Esta legislación ha limitado las opciones de apoyo para sobrevivientes de violación y ha incrementado el peligro para aquellas personas que están inmersas en situaciones de violencia doméstica.
También ha habido una disminución en el número de sobrevivientes que buscan apoyo.
Los recursos son limitados o inexistentes en algunos lugares para estas personas, y muchas tienen que esperar hasta tres meses para poder ver a un consejero o terapeuta.
A pesar de estas restricciones, algunos centros siguen ofreciendo servicios de apoyo, incluyendo una línea directa de crisis 24/7, acompañamiento hospitalario para exámenes forenses, ayuda con órdenes de protección o restricción, y refugio de emergencia.
